Una nueva ley aprobada en El Salvador proscribe las pandillas, su financiamiento y la existencia de "grupos de exterminio" social en este país centroamericano, que atraviesa una ola de violencia que cobra la vida de al menos una decena de personas al día.

La norma, que contó con el respaldo de 78 de los 84 diputados, es el último instrumento que tiene la administración del presidente Mauricio Funes para recuperar zonas de alto riesgo que están bajo el control de tanto la pandilla 18 como la Mara Salvatrucha.

El gobernante presentó el anteproyecto en julio pasado, poco después que pandilleros de la 18 incendiaran un transporte público, en el que murieron 17 personas.

La llamada "masacre del microbús" replanteó la política criminal de Funes, ya que luego militarizó las cárceles y aumentó.